La sonrisa amable de no se desdibujó en sus seis oficinas en el sur de California ni siquiera cuando se enteró que uno de sus clientes fue deportado debido a su representación legal incorrecta. Tuvo la misma reacción con otro caso en el que una mujer retornó a Guatemala por la expulsión de su esposo, que asimismo fue su cliente.
La ‘notaria’ o consultora de inmigración Judith Gil, de sesenta y cinco años, no actuaba sola. Su hija, Minerva Gil, de treinta y seis, era su cómplice defraudando a múltiples inmigrantes a los cuales les cobraron miles y miles de dólares prometiéndoles permisos de trabajo, procesos de asilo y tarjetas de vivienda permanente. Puesto que ninguna estaba autorizada para ejercer la abogacía en el estado de California, estos nunca llegaron a sus manos.
Según las autoridades, incluso afirmaban que tenían contactos en el Servicio de Naturalización y Ciudadanía (USCIS) que les facilitaban la aprobación de esos trámites. Mas la mayor parte de las veces no hacían más que someter los procesos a dicha entidad y después los abandonaban a su suerte.
“Hizo mucho daño a muchos clientes del servicio que fueron sus víctimas”, dijo a Mike Chávez, investigador de la Barra de Abogados de California, que tomó este caso hace unos meses. “No va a salvar a mucha gente de que los deporten”, advirtió al ser cuestionado sobre las consecuencias que este negocio fraudulento podría acarrear a las víctimas.
Otros afectados debieron contratar a abogados legítimos buscando no acabar en la lista negra del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).
Al instante no se tiene una cantidad precisa de víctimas de las Gil, ni de cuántos acabaron deportados por su culpa. La Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles, que representó a los perjudicados ante una corte local, señaló que madre e hija “fueron acusadas de supuestamente cobrar a los clientes miles y miles de dólares americanos por servicios, mientras ofrecían información falsa y consultoría legal no calificada”.
La demanda penal contra Judith Gil incluye 17 cargos, que van desde violaciones a leyes de consultoría migratoria y fraude, hasta la práctica ilegal de la abogacía. Tras no contender contra estos cargos, un juez la sentenció a sesenta días en una cárcel del condado, aunque le dio la opción de cumplir esa condena en su casa o bien efectuando trabajo comunitario a lo largo de cuarenta y seis días. Después va a deber cumplir 36 meses de libertad condicional.
También se le ordenó restituir un total de trece con trescientos cincuenta y cinco dólares a tres de sus víctimas. Finalmente, se le indicó que no debe brindar asesoría legal o bien promoverse como abogada sin tener una licencia y que solo con la autorización de las autoridades federales puede trabajar como consultora de inmigración.
En tanto, a su hija, quien fue acusada de un cargo de actuar indebidamente como asesora de leyes de inmigración y ser parte de la impostura de su madre, le impusieron una condena de 30 días en una cárcel del condado, que puede purgar solo con 20 días de trabajo comunitario. Asimismo va a deber pagar 3,855 dólares a una víctima y cumplir 36 meses de libertad condicional.
“Nuestras comunidades de inmigrantes son más susceptibles que jamás a ser explotadas por aquellos que se aprovechan de su temor y vulnerabilidad”, afirmó Mike Feuer, fiscal de la ciudad de Los Ángeles, al anunciar el pasado jueves las convicciones contra estas mujeres.
Los investigadores obtuvieron una orden a inicios de febrero para registrar las seis oficinas de las Gil en el sur de California. En unas 300 cajas empacaron miles de documentos que usaron como evidencia en el juicio y que ahora buscan devolver a las víctimas. “Esos clientes fueron a Judith Gil pensando que ella era una abogada”, afirmó Abraham Baghen, funcionario de la Asociación de Abogados californiana.
Una de las presuntas víctimas de las Gil es Julie Blanco, una joven colombiana que alega haberles pagado cerca de cuatro con cero dólares estadounidenses aguardando que le ayudaran a regular su estatus migratorio. “Simplemente confié en ellos”, lamentó .
Por su parte, el venezolano Jennsi Villavicencio dice que su futuro es incierto pues ignora de qué manera procesaron su proceso de asilo. Gracias a su permiso de trabajo, que vence en 2020, sostiene a sus familiares en Venezuela, un país que encara una severa crisis política y económica.
“Me preocupa día a día que pasa. No sé qué pueda pasar a partir de aquí. Todo es incierto”, afirmó. abogadas de inmigración
Estos son algunos consejos que ofrece la dependencia para no caer en las garras de los defraudadores:
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